El exjefe de Gabinete quedó sujeto a una restricción judicial dispuesta por el juez Ariel Lijo. La causa también alcanza a integrantes de su entorno familiar y suma nuevas medidas de prueba.
La investigación judicial que tiene como principal imputado al exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo dispuso una medida cautelar que le prohíbe salir del país sin autorización judicial, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y posibles irregularidades vinculadas a la evolución de su patrimonio durante su paso por la función pública.
La resolución establece que el exfuncionario deberá informar previamente cualquier intención de viajar al exterior. En caso de solicitar una salida del país, el magistrado evaluará el pedido en función del estado de la investigación y del riesgo procesal existente.
La causa también involucra a su esposa y a su hermano, quienes son objeto de distintas medidas de investigación relacionadas con la evolución patrimonial del grupo familiar y posibles operaciones financieras bajo análisis.
Nuevas medidas impulsadas por la Fiscalía
El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, solicitó una serie de nuevas diligencias para profundizar la pesquisa. Entre ellas figura la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo especializado en investigar posibles hechos de corrupción vinculados con funcionarios públicos.
Además, la Fiscalía requirió información a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir todos los movimientos migratorios de Manuel Adorni desde enero de 2023 hasta la actualidad. También fueron solicitados datos sobre los viajes realizados por el periodista Marcelo Grandio, quien aparece mencionado en distintas actuaciones del expediente.
Otro de los puntos que investiga la Justicia está relacionado con presuntos viajes realizados en aeronaves privadas y un eventual desplazamiento hacia Aruba, información que busca ser corroborada mediante documentación oficial y registros migratorios.
Patrimonio y movimientos financieros bajo la lupa
La investigación procura establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el exfuncionario y el crecimiento de su patrimonio durante los últimos años.
Los investigadores analizan operaciones inmobiliarias, adquisición de bienes, gastos personales, viajes nacionales e internacionales, utilización de aeronaves privadas y posibles inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas patrimoniales.
También se busca determinar si existieron maniobras de ocultamiento de activos o movimientos financieros incompatibles con los ingresos oficialmente registrados.
Renuncia a los cargos públicos
La medida judicial llega pocos días después de que Adorni presentara su renuncia a la Jefatura de Gabinete y posteriormente oficializara su salida del directorio de YPF, cargo que desempeñaba en representación del Estado Nacional.
Aunque desde su entorno sostienen que colaborará con la investigación y rechazan todas las acusaciones, el avance de las medidas judiciales incrementa la presión sobre el exfuncionario.
Mientras tanto, la causa continúa incorporando prueba documental, informes patrimoniales y testimonios que podrían derivar en nuevas resoluciones judiciales en las próximas semanas.
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