El representante del Ministerio Público sostuvo que el planteo es improcedente y defendió la continuidad de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La investigación judicial que tiene como principal imputado al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Sergio Mola solicitara formalmente que se rechace el pedido de recusación presentado por la defensa del exfuncionario.
El planteo fue realizado en el expediente que investiga a Insaurralde por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y posibles irregularidades patrimoniales, una causa que tomó impulso tras la difusión pública del viaje que realizó junto a la modelo Sofía Clerici a bordo de un lujoso yate en Marbella, España, hecho que derivó en una profunda repercusión política y judicial.
En su dictamen, Mola consideró que el pedido de apartamiento carece de fundamentos legales y sostuvo que no existen motivos que comprometan su imparcialidad para continuar al frente de la investigación.
«Debe garantizarse el avance de la investigación»
El fiscal remarcó que el expediente involucra a un exfuncionario que ocupó cargos de máxima responsabilidad en la administración pública y señaló que los hechos investigados podrían haber afectado el patrimonio estatal y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Según expresó, la misión del Ministerio Público es garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los intereses generales de la sociedad, especialmente cuando se investigan presuntos hechos de corrupción vinculados con funcionarios públicos.
Asimismo, sostuvo que el intento de recusarlo coincide con una etapa en la que la fiscalía impulsó diversas medidas de prueba destinadas a profundizar la investigación patrimonial, por lo que interpretó el planteo como una maniobra que podría demorar el desarrollo del proceso judicial.
La investigación continúa
La causa analiza la evolución patrimonial de Martín Insaurralde, sus declaraciones juradas, movimientos financieros, sociedades comerciales, bienes registrables y eventuales operaciones económicas que podrían resultar incompatibles con los ingresos declarados durante su paso por la función pública.
En paralelo, la Justicia continúa reuniendo documentación bancaria, informes de organismos estatales y pericias contables para determinar el origen de distintos bienes y movimientos económicos que forman parte del expediente.
El caso generó un fuerte impacto político desde su inicio y continúa siendo una de las investigaciones por presunta corrupción con mayor repercusión en la provincia de Buenos Aires.
Ahora será el juez interviniente quien deberá resolver si hace lugar al planteo de la defensa o confirma la continuidad del fiscal Sergio Mola al frente de la investigación.
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