La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la fiscalía se pronunciara en contra de flexibilizar las condiciones de su arresto domiciliario. La ex presidenta había solicitado retirar la tobillera electrónica y aliviar las restricciones que pesan sobre sus movimientos cotidianos.
El pedido fue presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes reclamaron el cese del monitoreo electrónico y la ampliación del régimen de visitas y salidas dentro de su vivienda ubicada en la calle San José.
Sin embargo, el fiscal Mario Villar emitió un dictamen tajante: recomendó mantener las medidas vigentes dispuestas por el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2). Para el Ministerio Público, los controles aplicados son “proporcionales y adecuados” en función de la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta dictada en el caso Vialidad.
La discusión por el riesgo procesal
En su presentación, la defensa sostuvo que la tobillera carece de sentido práctico porque Cristina Kirchner ya cuenta con una custodia policial permanente las 24 horas frente a su domicilio, lo que —según remarcaron— torna “imposible” cualquier intento de fuga. Señalaron además que la ex mandataria ha cumplido de manera estricta todas las obligaciones desde que comenzó su arresto domiciliario el 17 de junio de 2025.
A pesar de estos argumentos, el fiscal Villar insistió en que no existen elementos suficientes para relajar las medidas, por lo que ahora será la Cámara de Casación la que deberá resolver si mantiene o modifica el esquema de control impuesto por el TOF 2.
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