En medio del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, los repartidores de aplicaciones vuelven a levantar la voz. En las calles de Buenos Aires, siguen pedaleando bajo el sol, la lluvia y el frío para cumplir con pedidos que, muchas veces, ni siquiera alcanzan para cubrir sus gastos básicos.
Trabajan como monotributistas, sin cobertura médica, sin ART y con jornadas que pueden superar las 70 horas semanales. A pesar de esto, las plataformas continúan definiéndolos como “colaboradores independientes”, negando cualquier vínculo de dependencia laboral.
Para María Belén D’Ambrosio, secretaria general del SiTraRepA (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación), esa definición es parte de un mecanismo que encubre una relación laboral real. Según afirma, el algoritmo funciona como un “medio de producción”, regulando el trabajo, asignando pedidos, fijando tiempos y penalizando a quienes no cumplen los parámetros exigidos.
D’Ambrosio advierte que este modelo de precarización —que, asegura, afecta a miles de repartidores en todo el país— podría profundizarse aún más si avanza la reforma laboral:
“Nosotros ya vivimos lo que el Gobierno quiere hacer con esta contrarreforma. Lo que hoy padecemos puede convertirse en regla para el resto del mercado laboral”, expresó en diálogo con MDZ.
Los trabajadores denuncian que la falta de derechos básicos, la sobreexigencia física y la dependencia total del algoritmo configuran un escenario que vulnera cualquier estándar laboral. Con jornadas que pueden extenderse entre 12 y 16 horas en los días de mayor demanda, sostienen que la supuesta flexibilidad que prometen las plataformas es, en realidad, una forma de explotación encubierta.
En este marco, los repartidores exigen que el Congreso escuche sus reclamos y que el Estado avance en una regulación que reconozca su trabajo como lo que es: empleo con derechos, y no una colaboración informal disfrazada de autonomía.