Pablo Santín, referente de la Agrupación «25 de Mayo», advirtió que el acuerdo firmado entre el sindicato y FEHGRA que permite suspender al personal y aplicar reducciones salariales superiores al 25% es «abiertamente inconstitucional». Recurrió al Ministerio de Trabajo para que no vuelva a prorrogarse: «Se plantea como solución pero esconde una enorme precarización».
La crisis que la pandemia de Covid-19 profundizó en la actividad gastronómica y hotelera encontró en el artículo N° 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo una herramienta que «oficialmente se planteó como una solución» pero que «en realidad esconde una enorme precarización», así lo advirtió Pablo Santín, referente de la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo. Recientemente Santín solicitó ante el Ministerio de Trabajo que no se prorrogue el polémico acuerdo alcanzado en torno a ese artículo entre el sindicato y FEHGRA, debido al «gran perjuicio» que implica para los trabajadores.
A fines de abril del año pasado, UTHGRA y la Federación acordaron la «suspensión del contrato laboral (desde el 1° de abril de 2020), acordada en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por el plazo de sesenta días», lo que implicó que el personal suspendido percibiera solo «un falso 75%» de su salario, que «en la práctica es aún menos».
El acuerdo se prorrogó «sistemáticamente, una y otra vez» pero «lo que se planteó como una solución para cuidar fuentes de trabajo, en realidad no solucionó nada, sino que implicó una profundización de la precarización que no podemos seguir permitiendo», alertó Santín.
Los acuerdos que aplican el artículo 223 Bis no solo afectan a los trabajadores y las trabajadoras, sino que además «están violentando la remuneración íntegra del salario» nada menos que en el marco de la pandemia, que dejó a más del 60% de los hoteleros y gastronómicos por debajo de la línea de pobreza y al 20% de ellos bajo la indigencia.
En la práctica, los trabajadores hoteleros y gastronómicos «han sido perjudicados en un porcentaje muy superior al indicado en el acuerdo, ya que la base utilizada para el cálculo de este porcentaje (25%) resulta inferior a la de un sueldo de convenio por tiempo completo, dado que la realidad de fraude laboral imperante en nuestra actividad (con sueldos en los que sólo una parte figura blanco) resulta sensiblemente inferior a la que correspondería».
Con lo cual, trabajadores y trabajadoras «no cobran ni siquiera el falso número del 75% de sus haberes, sino en muchos casos cobran apenas un 52% del sueldo neto», advirtió el referente de la «25 de Mayo».
La semana pasada, Santín se presentó en la Delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde realizó una presentación para solicitarle formalmente al propio ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, que no vuelva a prorrogarse el polémico acuerdo.
«¿Cuál es la solución o la salida a la crisis si los índices son gravísimos? Son muy pocos los trabajadores que cobran el 100% de sus salarios. Gastronómicos y hoteleros están siendo rehenes de una precarización encubierta que no puede continuar. Por eso pedimos ante el Ministerio que no vuelva a prorrogarse, presentamos los argumentos por los cuales es explícito el carácter inconstitucional del acuerdo y es muy grande el perjuicio que esta maniobra ha generado», agregó el dirigente.
En dicha presentación consta la voluntad de «impugnar el acuerdo» -y las sucesivas prórrogas- celebrado entre la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica (FEHGRA) y UTHGRA, solicitando su rechazo por resultar «abiertamente inconstitucional», al igual que la normativa en que pretenden sustentarse (resolución 397/2020, acuerdo entre la CGT/UIA que incorpora la misma, decreto 529/2020) los que «resultan completamente violatorios de la intangibilidad del salario consagrada en nuestra norma suprema», según consta en la presentación.
Santín indicó al respecto que los artículos 14 bis y 75 de la Constitución establecen la «intangibilidad del salario y el derecho protectorio» y advierten que «cualquier prórroga del artículo 223 estaría violentando el salario», derechos que «están siendo vulnerados desde el inicio de la pandemia» y que «han generado un perjuicio enorme» que, además «sienta el precedente de una práctica que no puede seguir teniendo validez alguna».
«Esperamos que el Ministerio tome una decisión que respalde el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, que suficientes y desmedidos esfuerzos han hecho durante la pandemia en pos de la subsistencia de las empresas a cuesta de sus ingresos y derechos; pero así como las viejas prácticas sindicales no van más, este tipo de acuerdos en desmedro del trabajador tampoco, es hora de que los trabajadores recuperen su dignidad», completó.
