La Municipalidad de La Plata realizó hoy una denuncia penal luego de que el sistema de control biométrico, instalado recientemente para controlar la presencialidad del personal, fuera destruido «a martillazos» en una dependencia pública, se informó oficialmente.
El episodio tuvo lugar alrededor de las 7:30 de hoy en la delegación municipal de Los Hornos, ubicada en 137 y 64, y fue registrado en las cámaras de seguridad.
Según precisaron a Télam fuentes municipales, «en las imágenes se ve cómo cuatro hombres ingresan al lugar y uno de ellos destruye con un martillo tanto la pantalla como el servidor del dispositivo».
La denuncia es por amenaza coactiva, daños al patrimonio público municipal, intimidación pública y atentado contra la autoridad, todos ellos previstos en el Código Penal.
«Los hechos evidencian una clara intencionalidad de infundir un temor público», se analizó desde el Municipio, y se consideró que «el acto vandálico se llevó a cabo claramente con un fin coactivo de amenaza e intimidación, amedrentando a la empleada administrativa que se encontraba en el lugar y al resto de los agentes municipales».
«Este no es un hecho aislado, se registra en un contexto de agresión y violencia que se está multiplicando en distintas dependencias comunales ante las políticas impulsadas por la actual gestión para garantizar la transparencia en el Municipio», aseveraron las fuentes.
Los voceros informaron que hechos similares ocurrieron en San Carlos y la Torre Gubernamental N° 1.
El intendente de La Plata, Julio Alak (UxP), denunció que la administración anterior, a cargo de Julio Garro (JxC), habría cometido irregularidades administrativas y financieras en la contratación de personal, de cooperativas y en el uso de fondos públicos.
En un comunicado, se precisó que el jefe comunal recibió en las últimas horas un detallado documento por parte de la Asociación de Auditores Internos del Estado (AAIE), que preside la contadora Vilma Castillo, y que se tituló «Informe sobre el Régimen Municipal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno».
La comuna indicó que la auditoría externa «da cuenta de situaciones de gravedad administrativa y financiera en el interior de la Municipalidad de La Plata y ratifica los datos ya recabados por la actual gestión».
La auditoría, que se desarrolló entre el lunes 18 de diciembre y el viernes 19 de enero, trabajó sobre puntos críticos, como la sobredimensión de la estructura del personal, las contrataciones directas y la transparencia municipal.
El informe se conoce tras la primera etapa de revisión que llevó adelante la propia gestión de Alak desde que asumió, en la que se determinó que, sobre un total de 12.573 agentes, el 56% de las personas que cobran no asisten a trabajar, por lo que ya comenzó a implementarse el sistema biométrico que permite fiscalizar el ingreso y egreso a través del escaneo de la huella digital.
En paralelo, la administración actual detectó que un hombre que ingresó en 2019 y falleció en 2021 siguió cobrando el sueldo hasta diciembre de 2023; también descubrió que 13 personas detenidas por delitos como robos, homicidios y abusos seguían percibiendo sus salarios; y determinó que 98 empleados tenían antecedentes penales al momento de incorporarse al Municipio entre 2015 y 2023.
En ese sentido, fuentes del municipio reconocieron que Alak evalúa radicar una denuncia penal por el caso del empleado fallecido.
En cuanto al análisis referido al personal, el nuevo informe arrojó que la Municipalidad carece de procedimientos escritos de control interno que aseguren confiabilidad en las operaciones y permitan mejorar los servicios.
En este ítem, se comprobó que durante los últimos 8 años ingresaron más de 6.000 agentes que equivalen al 52 % del total de la planta actual y que la anterior gestión casi duplicó la planta recibida.
A la vez, determinó que las decisiones y actos tomados en estos años, vulneran la Regla de Fin de Mandato (correspondiente a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13295) comprometiendo gastos corrientes de carácter permanente.
Asimismo, expuso «un plan sistemático de incorporación de personal sin que tenga justificación en la prestación de nuevos servicios», con la consecuente invalidez por no contar con recursos financieros para su financiación.
