La situación del PAMI volvió a generar fuerte preocupación política y social luego de que distintos sectores de la oposición impulsaran en el Congreso un proyecto para declarar la emergencia del organismo ante denuncias por recortes, interrupción de prestaciones y demoras en la atención médica en varias provincias del país.
Los reclamos se multiplicaron en ciudades como Marcos Juárez, Concordia, Rosario, Posadas y Puerto Madryn, donde se denunciaron restricciones en prestaciones, despidos y problemas en la cobertura médica para jubilados y pensionados.
Desde el Gobierno nacional, el titular del organismo, Esteban Leguízamo, aseguró que “la atención está garantizada” y sostuvo que continúan funcionando tanto la cobertura médica como la entrega de medicamentos en todo el país.
Sin embargo, informes citados por la oposición advierten una caída real en el presupuesto destinado al PAMI y una reducción significativa en las transferencias durante el primer trimestre de 2026, lo que habría impactado directamente en la distribución de medicamentos y en la atención no urgente en distintas clínicas y sanatorios.
En el Congreso, legisladores opositores buscan avanzar con una solución legislativa, aunque denuncian dificultades para tratar el tema debido al control oficialista en comisiones clave.
El conflicto se da en medio de crecientes cuestionamientos por el funcionamiento del sistema de salud destinado a adultos mayores y por la designación de dirigentes vinculados a La Libertad Avanza en delegaciones provinciales del organismo.
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