El espacio libertario bonaerense anunció que buscará avanzar contra Marta Elba Pascual, la magistrada que suspendió durante 60 días la aplicación de la nueva normativa en la provincia de Buenos Aires. Sebastián Pareja cuestionó duramente el fallo y lo calificó como una decisión política.
La decisión judicial que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió un fuerte conflicto político. La Libertad Avanza (LLA) bonaerense anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, responsable de la resolución.
La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo y resolvió suspender temporalmente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. La norma establece, entre otros cambios, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Pareja encabezará la estrategia contra la magistrada
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, confirmó que el espacio trabajará junto a sus equipos técnicos y políticos para definir el mecanismo que permita impulsar la destitución de Pascual.
Desde el sector libertario consideran que la resolución judicial avanza sobre una ley aprobada por el Congreso Nacional y sostienen que la suspensión de su aplicación profundiza la situación de impunidad en la provincia.
Pareja fue especialmente duro contra la magistrada y aseguró que su decisión responde a intereses políticos. El dirigente cuestionó que una resolución judicial pueda frenar temporalmente la implementación de una norma nacional que ya fue sancionada por el Congreso.
Además, vinculó el fallo con la discusión política que mantiene el oficialismo nacional con la administración bonaerense de Axel Kicillof.
La respuesta de la jueza que frenó la ley
Por su parte, Marta Elba Pascual defendió públicamente su decisión y explicó que uno de los principales motivos del fallo está relacionado con la falta de infraestructura y recursos en la provincia para afrontar la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal juvenil.
La magistrada advirtió que el sistema bonaerense podría registrar un incremento en la cantidad de jóvenes privados de la libertad y sostuvo que no existen actualmente las condiciones materiales suficientes para garantizar una adecuada implementación de la normativa.
Pascual también planteó que el encierro de adolescentes sin acceso a educación, formación laboral y tratamientos adecuados no garantiza una mejora en materia de seguridad.
Un conflicto que ya llegó a la Justicia
El pedido anunciado por La Libertad Avanza se suma a otras acciones judiciales surgidas luego de la suspensión de la ley.
En las últimas horas, la asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la magistrada. La entidad cuestionó la resolución y la acusó de haber incurrido en presunta usurpación funcional y abuso de autoridad, una presentación que deberá ser analizada por la Justicia.
Mientras tanto, la decisión de Pascual tiene una vigencia inicial de 60 días y el debate sobre la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil continúa abierto.
La confrontación ahora excede la discusión sobre la edad de imputabilidad y suma un nuevo capítulo en la tensión entre el oficialismo libertario, la Justicia bonaerense y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Libertad Avanza busca convertir el fallo en un nuevo frente político y judicial, mientras que la jueza sostiene que su resolución estuvo motivada por la necesidad de garantizar las condiciones adecuadas para la implementación de la nueva legislación.
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