La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil sufrió un importante revés en la provincia de Buenos Aires. La Justicia bonaerense resolvió suspender preventivamente durante 60 días la implementación de la normativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, al advertir que actualmente no estarían dadas las condiciones necesarias para recibir a una mayor cantidad de adolescentes dentro del sistema penal.
La medida fue dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
El fallo llega pocos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil e incorporó a los adolescentes de 14 y 15 años al universo de personas que pueden ser sometidas a un proceso penal.
La falta de infraestructura, uno de los principales argumentos
La magistrada aclaró que su decisión no representa, por el momento, un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley ni sobre su compatibilidad con los tratados internacionales relacionados con los derechos de niños y adolescentes.
El análisis estuvo centrado en las consecuencias inmediatas que podría generar su puesta en marcha.
Según los fundamentos de la resolución, la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años y los cambios en los criterios vinculados con las detenciones y las prisiones preventivas podrían provocar un aumento considerable en la cantidad de jóvenes privados de la libertad.
Pascual advirtió que la Provincia no contaría actualmente con la infraestructura, los recursos materiales ni la cantidad de profesionales necesarios para absorber ese posible incremento sin afectar los derechos fundamentales de los adolescentes.
La preocupación también está relacionada con el riesgo de sobrepoblación en los centros socioeducativos. La jueza recordó antecedentes vinculados con las condiciones de alojamiento y sostuvo que el hacinamiento puede profundizar situaciones de violencia e inseguridad.
Una decisión que abre un nuevo debate político y judicial
La resolución judicial generó un nuevo capítulo en el debate por la baja de la edad de imputabilidad, una de las reformas más discutidas en materia de seguridad y política criminal.
La suspensión, sin embargo, tiene carácter preventivo y está vinculada específicamente a las condiciones existentes para implementar el nuevo régimen en el territorio bonaerense.
Durante los próximos 60 días, la Justicia analizará la información que deberán presentar las autoridades provinciales sobre la capacidad del sistema y las medidas previstas para garantizar las condiciones de alojamiento, atención y tratamiento de los adolescentes alcanzados por la nueva normativa.
Además, se convocó a una audiencia para avanzar en el análisis de la situación y evaluar cuáles son las condiciones institucionales necesarias para una eventual implementación del régimen.
¿Qué puede pasar ahora?
La decisión judicial no elimina ni deroga la Ley 27.801. La medida suspende de manera preventiva su aplicación en la provincia de Buenos Aires por un plazo de 60 días.
El futuro de la normativa en territorio bonaerense dependerá de las actuaciones judiciales, de la información que presenten las autoridades y de las eventuales decisiones que puedan adoptarse durante este período.
El caso promete abrir una fuerte discusión entre quienes sostienen que la baja de la edad de imputabilidad es necesaria para combatir el delito juvenil y quienes consideran que ninguna reforma puede aplicarse sin contar previamente con instituciones, recursos y políticas adecuadas para garantizar los derechos de los adolescentes y promover su reinserción social.
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