La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el decomiso de $685 mil millones que deberán afrontar de manera solidaria la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa conocida como «Vialidad», al rechazar los últimos recursos extraordinarios presentados por las defensas.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles las quejas presentadas mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dejando firme la ejecución patrimonial dispuesta por el Tribunal Oral Federal N°2.
El principal planteo de la defensa de Cristina Kirchner cuestionaba el mecanismo utilizado para actualizar el monto original del decomiso, mientras que la defensa de Báez objetaba la competencia del Tribunal Oral para ejecutar la medida. Ambos recursos fueron rechazados por el máximo tribunal.
Un decomiso histórico
La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En ese mismo fallo fue absuelta por el delito de asociación ilícita.
También recibieron condenas el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros exfuncionarios nacionales y provinciales.
Cómo se llegó a los $685 mil millones
La sentencia original había fijado un decomiso solidario de $84.835 millones, cifra calculada como reparación del daño económico ocasionado al Estado por las maniobras investigadas.
Sin embargo, el propio fallo establecía que el monto debía ser actualizado al momento de quedar firme la condena. Tras los cálculos realizados por los organismos técnicos y la actualización correspondiente, la suma asciende actualmente a casi $685 mil millones.
El decomiso constituye una medida destinada a recuperar para el Estado el dinero considerado producto del perjuicio ocasionado por las maniobras de corrupción investigadas durante el proceso judicial.
Qué sigue ahora
Con la resolución de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal N°2 quedó habilitado para avanzar con la ejecución del decomiso, lo que implica identificar, embargar y eventualmente liquidar bienes de los condenados hasta cubrir el monto establecido por la Justicia.
La causa Vialidad es uno de los expedientes por corrupción más relevantes de la historia reciente del país y la confirmación del decomiso representa un nuevo paso en la etapa de ejecución de la sentencia.
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