Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei ha utilizado en reiteradas ocasiones la herramienta del veto presidencial para frenar leyes aprobadas por mayoría en el Congreso. En total, ya son siete los proyectos vetados, la mayoría vinculados a políticas sociales, jubilaciones, educación y emergencias.
Las decisiones generaron fuertes tensiones políticas y sociales, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y creciente presión de distintos sectores que reclaman medidas de alivio. A continuación, el repaso uno por uno:
✅ Las leyes vetadas por Milei
1. Aumento de las jubilaciones (julio 2025)
La norma establecía un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios, además de elevar el bono de refuerzo de $70.000 a $110.000, con actualizaciones atadas a la inflación. El Gobierno lo vetó por considerarlo “fiscalmente inviable”.
2. Restitución de la moratoria previsional (julio 2025)
Extendía por dos años la posibilidad de acceder a una jubilación sin haber completado los 30 años de aportes. Fue reemplazada por la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que representa solo el 80% de una jubilación mínima.
3. Emergencia en discapacidad (julio 2025)
Apuntaba a regularizar pagos atrasados, actualizar aranceles y reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad. Pese al veto presidencial, el Congreso logró revertirlo y promulgar la ley.
4. Asistencia económica a Bahía Blanca (junio 2025)
Preveía la transferencia de $200.000 millones para atender los daños ocasionados por el temporal del 7 de marzo. Fue vetada por el Ejecutivo en medio de reclamos locales.
5. Financiamiento universitario (vetos en octubre 2024 y septiembre 2025)
Se trató de dos iniciativas que declaraban la emergencia presupuestaria del sistema universitario, solicitaban actualización de partidas por inflación y mejora salarial para docentes y no docentes. Ambas fueron vetadas, lo que reavivó las protestas estudiantiles.
6. Nueva fórmula de movilidad jubilatoria (abril 2024)
Si bien respetaba el mecanismo de actualización por inflación que el Gobierno había decretado, agregaba un 8,1% adicional y vinculaba el haber mínimo al valor de la canasta básica. También fue vetada.
Desde el oficialismo sostienen que estas decisiones responden a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, mientras que la oposición y organizaciones sociales denuncian un vaciamiento del rol del Estado en áreas clave.
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