La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró en las últimas horas avances significativos con nuevas medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Entre los principales requerimientos, la fiscalía solicitó informes detallados sobre propiedades vinculadas tanto al funcionario como a su esposa, Bettina Angeletti, además de información exhaustiva sobre viajes realizados al exterior.
Uno de los ejes centrales de la investigación es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. En ese marco, fue citado como testigo el exfutbolista Hugo Morales, anterior propietario del inmueble, junto con la escribana que intervino en la operación realizada en noviembre de 2025. Según consta en el expediente, la propiedad habría sido adquirida por 230.000 dólares a dos jubiladas, incluyendo un esquema de financiamiento otorgado por las propias vendedoras.
Asimismo, el fiscal pidió el historial registral completo de inmuebles relacionados con Adorni y Angeletti en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. La intención es reconstruir la trazabilidad de las propiedades: titulares, transferencias, escrituras, hipotecas, así como también el pago de expensas, impuestos y eventuales refacciones.
La investigación no se limita a ese inmueble. También se analiza una vivienda en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, bajo la sospecha de que las adquisiciones se habrían concretado sin desprenderse previamente de otros bienes.
En paralelo, la fiscalía avanzó sobre los viajes internacionales del funcionario. Se requirió información a Migraciones, aeropuertos y aerolíneas para precisar itinerarios, escalas, horarios y, especialmente, quién financió los traslados. También se pidió documentación vinculada a reservas, pasajes, equipaje y medios de pago.
Este tramo de la causa se vincula con otro expediente en Comodoro Py, donde se investiga un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. Allí se intenta determinar si existieron viajes compartidos con Marcelo Grandío, relacionado con la productora Imhouse, y si hubo posibles beneficios incompatibles con la función pública.
Además, se encuentra bajo análisis un viaje familiar a Aruba realizado a fines de 2024, aunque este punto aún está en etapa preliminar de verificación.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias entre las declaraciones juradas patrimoniales y los movimientos económicos del funcionario. En ese contexto, la fiscalía incorporó también dichas presentaciones al expediente.
Por el momento, no hay una resolución judicial sobre el fondo del caso. La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas, bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Pollicita.
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