La Justicia federal avanza en una investigación que podría tener impacto político y que pone bajo análisis al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de presuntas irregularidades en contrataciones públicas y posibles conflictos de interés vinculados a empresas de su entorno familiar.
El expediente se inició tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y está impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, con intervención del juez Ariel Lijo. La causa apunta a determinar si existieron maniobras de direccionamiento en licitaciones, vínculos entre empresas competidoras y eventuales beneficios indebidos.
Contrataciones bajo sospecha
Uno de los ejes principales de la investigación es una licitación realizada en 2025 para servicios de mensajería masiva —SMS, correos electrónicos y llamadas— adjudicada por más de 3.650 millones de pesos. Según la denuncia, en ese proceso habrían participado empresas con posibles vínculos entre sí, lo que podría haber generado una competencia simulada.
Entre los indicios señalados, se mencionan coincidencias en domicilios legales y relaciones laborales previas entre directivos de las firmas involucradas. Además, se analiza un posible sobreprecio en los valores contratados en comparación con otros procesos similares del Estado.
La lupa sobre el entorno empresarial
Otro punto clave del expediente involucra a la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. De acuerdo a la denuncia, la firma tendría vínculos comerciales con compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que podría configurar un escenario de conflicto de intereses.
En ese contexto, también se analiza la relación con empresas proveedoras de organismos públicos y su eventual conexión con decisiones adoptadas desde la Jefatura de Gabinete. La situación adquiere mayor relevancia tras la designación de Adorni como director en YPF en representación del Estado.
Tecnópolis y nuevas líneas de investigación
La concesión del predio de Tecnópolis por 25 años también quedó bajo revisión judicial. El proceso, llevado adelante por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, es otro de los puntos donde se investigan posibles vínculos entre empresas interesadas y el entorno del funcionario.
Qué busca determinar la Justicia
La investigación abarca posibles delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. Si bien hasta el momento no hay imputaciones formales, el fiscal solicitó diversas medidas de prueba para avanzar en el caso.
Entre ellas, se incluyen pedidos de acceso a expedientes de contratación, informes societarios para identificar a los beneficiarios finales de empresas involucradas y el análisis de la relación entre proveedores del Estado.
El avance de estas medidas dependerá de la decisión del juez Lijo, en una causa que aún se encuentra en etapa preliminar pero que podría escalar en función de los resultados de la investigación.
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