A pocas horas de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional oficializó un recorte de $5.300 millones destinados a universidades públicas de todo el país, una medida que profundizó el conflicto con la comunidad educativa y generó fuertes críticas desde distintos sectores académicos.
El ajuste impacta sobre fondos previstos para infraestructura y gastos de capital vinculados al desarrollo científico y tecnológico. Entre las instituciones afectadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, que perdería más de $1.000 millones, además de la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Desde las universidades nacionales advierten que el sistema atraviesa una situación crítica por el congelamiento presupuestario y la caída del poder adquisitivo de docentes e investigadores.
En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires señalaron que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno renunció un docente o investigador cada dos días. Según datos difundidos por las autoridades académicas, ya dejaron sus cargos 438 profesionales, lo que representa alrededor del 16% del plantel total.
Además, denunciaron que investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas perdieron cerca del 40% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
En este contexto, todas las universidades nacionales convocaron a movilizarse este martes hacia la Plaza de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales y mayores partidas para educación y ciencia.
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