El diputado nacional Itaí Hagman calificó como un triunfo social la decisión del Gobierno de volver a incorporar límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. También cuestionó las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, luego de que la oposición no consiguiera el quórum para debatir la derogación del DNU 70/2023.
La discusión volvió a instalarse en el centro de la agenda política después de que fracasara la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados el 15 de octubre. Los bloques opositores reunieron 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para abrir el debate, por lo que no pudieron avanzar con el tratamiento del decreto impulsado por Javier Milei.
En declaraciones a Radio Brisas, durante una entrevista con Horacio Embón, Hagman sostuvo que la falta de quórum estuvo relacionada tanto con los acuerdos políticos entre el oficialismo y sectores dialoguistas como con el cambio de estrategia del Ejecutivo respecto de la Ley de Tierras.
“Hay sectores de la política que prefieren aliarse al Gobierno negociando cosas”, planteó el legislador, quien interpretó la restitución de las restricciones como un retroceso del Gobierno frente a la presión social y política.
El impacto del fallo judicial y la estrategia del Gobierno
El conflicto se intensificó después de las decisiones de la Corte Suprema sobre el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal suspendió provisoriamente los efectos de esa derogación en una causa vinculada con la protección ambiental, mientras continúa la discusión judicial.
En paralelo, el oficialismo avanzó con una estrategia legislativa para restablecer los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros dentro de un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La maniobra buscó reducir el respaldo a la iniciativa opositora para rechazar el DNU en su conjunto.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellas un límite del 15% a nivel nacional y provincial. La derogación dispuesta por el decreto de Milei abrió una controversia política, jurídica y ambiental sobre la propiedad de territorios estratégicos.
Críticas a los gobernadores
Hagman también apuntó contra las negociaciones que algunos mandatarios provinciales mantienen con el Poder Ejecutivo nacional. Según su análisis, esos acuerdos pueden debilitar una mirada común sobre los intereses del país y priorizar compromisos particulares de cada distrito.
El diputado advirtió sobre una fragmentación de la política nacional y sostuvo que las provincias no deberían perder de vista la integridad territorial y los objetivos compartidos.
La caída de la sesión dejó vigente el DNU 70/2023, aunque el debate sobre la Ley de Tierras continúa abierto en los ámbitos judicial y parlamentario. El tema mantiene en tensión al oficialismo, la oposición y los sectores que reclaman preservar límites a la extranjerización de tierras rurales.
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