La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga deberán volver a someter sus aumentos al control de las autoridades nacionales. El fallo representa un cambio importante en el esquema de regulación que había establecido el Gobierno de Javier Milei a través del DNU 70/2023.

La decisión del máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del decreto, mediante los cuales se habían eliminado facultades de intervención estatal sobre los valores de los planes de salud privados.
Con esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera atribuciones para supervisar los incrementos de las cuotas, fiscalizar las tarifas y evaluar las modificaciones que pretendan aplicar las compañías del sector.
El pronunciamiento fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y surgió a partir de una demanda iniciada por una afiliada que cuestionó los aumentos de su cobertura médica.
Un nuevo escenario para los afiliados
El fallo podría tener repercusiones en numerosos litigios iniciados por usuarios que reclamaron judicialmente por los fuertes incrementos registrados luego de la desregulación.
Sin embargo, la decisión no establece un congelamiento de las cuotas ni fija un porcentaje máximo de aumento relacionado con la inflación. El cambio central es que las empresas ya no podrán quedar al margen de los mecanismos de supervisión estatal que contemplaba la legislación anterior.
De esta manera, la Corte Suprema puso un límite a uno de los aspectos de la desregulación impulsada por el Ejecutivo y volvió a colocar bajo supervisión estatal los aumentos de la medicina privada.
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