El diputado libertario Santiago Santurio quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que se conociera una denuncia penal que cuestiona el otorgamiento de un millonario crédito hipotecario por parte del Banco Nación para la compra de una vivienda valuada en alrededor de 300 mil dólares en un barrio cerrado de Villa Ballester.
La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, quien sostiene que Santurio accedió a un préstamo de 239 mil dólares pese a no reunir las condiciones económicas habituales exigidas por la entidad bancaria.
De manejar Uber a una casa en barrio cerrado
Según la presentación judicial, Santurio trabajaba como docente y complementaba sus ingresos manejando Uber hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023.
La denuncia señala que el actual diputado “pasó de ser un docente e inquilino de clase media trabajadora a propietario de una vivienda con quincho en un barrio cerrado”, en un lapso inferior a dos años desde el inicio de su mandato legislativo.
Además, Pagano advirtió que el legislador no habría contado con el dinero necesario para afrontar el anticipo requerido para acceder al crédito hipotecario.
La denuncia apunta al Banco Nación y al entorno de Caputo
El caso también salpica al entorno económico del Gobierno nacional. La denuncia menciona que el Banco Nación, bajo la órbita del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, habría otorgado créditos millonarios a dirigentes y funcionarios cercanos al oficialismo.
Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios del equipo económico como Felipe Núñez y Federico Furiase, además de tuiteros libertarios y legisladores oficialistas.
Según la denuncia, la deuda bancaria de Santurio pasó de aproximadamente 6,7 millones de pesos a más de 303 millones en apenas un mes, durante julio de 2025.
Sospechas por la capacidad de pago
Otro de los puntos cuestionados en la presentación judicial es la relación entre los ingresos declarados por el grupo familiar y el monto de la cuota mensual del crédito.
De acuerdo al escrito, el pago mensual representaría cerca del 48% de los ingresos netos familiares, muy por encima del límite cercano al 25% que suele exigir el propio banco para aprobar este tipo de préstamos.
La denuncia también remarca que la esposa del diputado, María Celina Aguilar Bugeau, “no posee inscripción activa ante ARCA ni ingresos formalmente declarados”.
Crece la tensión interna en el oficialismo
El caso profundiza además la interna dentro del espacio libertario, ya que la denuncia provino de una ex integrante del propio bloque oficialista.
Mientras tanto, desde sectores opositores comenzaron a reclamar explicaciones sobre los criterios utilizados para aprobar los créditos otorgados a funcionarios y dirigentes vinculados al Gobierno nacional.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos y las relaciones entre el poder político y el sistema financiero estatal en medio de un contexto de fuerte ajuste económico.
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