Han pasado más de 40 días desde que los ocho acusados por el asesinato de Báez Sosa el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, recibieron sus sentencias. Cinco de ellos fueron condenados a cadena perpetua por ser coautores de homicidio doblemente agravado.
Ciro, Luciano y Lucas Pertossi, Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comyrton Viollaz y Blas Cinalli están alojados en la misma celda a la espera de que el juez de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires, designado en el caso, determine su futuro.
Los padres de los condenados desean que sus hijos sean trasladados a una de las tres unidades de Campana para poder visitarlos con mayor frecuencia, pero también se plantea la opción del penal de Sierra Chica, conocido por los casos de violencia. Sin embargo, los jóvenes temen la posibilidad de ser separados de sus compañeros de celda.
Según el Servicio Penitenciario Bonaerense, el abogado de los condenados no será informado en caso de un traslado. “Si eso ocurre, él no será notificado”, afirmaron. En otras palabras, los jóvenes podrían ser llevados a otra unidad penitenciaria, juntos o separados, sin previo aviso y sin que su defensa pueda hacer nada al respecto. Esta posibilidad, que escapa al control de los abogados, es precisamente lo que más preocupa a los detenidos.
“Son conscientes de que pueden ser trasladados en una unidad móvil y notificados en el momento en que se les informa que van a ser alojados en otro establecimiento penitenciario. Esto puede ocurrir en cualquier momento del día o de la noche. En la cárcel, lo último que pueden tener es certezas”, dijo una fuente cercana al caso.
Debido a esta situación, un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense fue enfático al describir la situación del grupo: “Están resistiendo. Están juntos y esperan que este año haya novedades respecto al fallo de Casación”.
