El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante casos críticos y actualizar los criterios de intervención.
La iniciativa incorpora un nuevo enfoque para actuar en situaciones complejas, especialmente cuando exista riesgo de daño para la persona o para terceros, uno de los puntos que, según las autoridades, presenta mayores dificultades en la aplicación de la normativa actual.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que la propuesta surge a partir de un relevamiento que incluyó testimonios de familiares, pacientes, profesionales y actores judiciales, quienes advirtieron demoras y obstáculos en la atención de urgencias.
Entre los cambios previstos, el proyecto mantiene la internación como último recurso, pero introduce modificaciones en los procedimientos. En ese sentido, contempla la posibilidad de internaciones involuntarias indicadas por profesionales de la psiquiatría, que luego deberán ser evaluadas por equipos interdisciplinarios.
Además, se propone ampliar el plazo para notificar a la Justicia sobre estas situaciones, pasando de 10 a 24 horas, y se incorporan criterios para que una internación inicialmente voluntaria pueda transformarse en involuntaria si se determina que la persona no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma.
Con estos cambios, el Ejecutivo busca agilizar las respuestas ante emergencias en salud mental, reforzar el rol del Estado y adecuar la legislación a las necesidades actuales del sistema sanitario.
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