La Libertad Avanza pretende conseguir dictamen la próxima semana y llevar el proyecto al recinto siete días después, con el objetivo de obtener media sanción en apenas dos semanas. Diego Santilli encabeza las negociaciones con los gobernadores, pero todavía no están asegurados los votos necesarios. La interna entre Patricia Bullrich y el sector de Karina Milei también suma tensión al escenario político.
El Gobierno de Javier Milei busca imprimirle velocidad a una de sus principales iniciativas políticas: la reforma electoral que contempla la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Después de varios días atravesados por la visita del papa León XIV a la Argentina, la Casa Rosada decidió retomar las negociaciones parlamentarias y puso como objetivo avanzar con el proyecto en el Senado antes de que finalice noviembre.
Según trascendió en distintos medios nacionales, el oficialismo pretende convocar la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, presidida por el senador Agustín Coto, para conseguir dictamen. Si logra avanzar en esa instancia, la intención es llevar la iniciativa al recinto una semana después y obtener la media sanción.
Sin embargo, el escenario todavía presenta dificultades. Aunque el Gobierno mantiene expectativas de conseguir respaldo, los bloques aliados no confirmaron un acuerdo y advierten que todavía deben analizar los alcances de la propuesta.
Santilli negocia con los gobernadores para conseguir los votos
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de las conversaciones con los mandatarios provinciales para reunir los apoyos que necesita el oficialismo.
La iniciativa requiere una mayoría de 37 votos en el Senado, una cifra que La Libertad Avanza no puede alcanzar solamente con su propia bancada.
En ese contexto, las negociaciones incluyen otros reclamos provinciales y proyectos que el Ejecutivo pretende impulsar durante las próximas semanas. Entre ellos aparecen el Presupuesto 2027, la modificación de la Ley de Cabotaje, el denominado Súper RIGI y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Uno de los puntos más delicados tiene que ver con los acuerdos políticos y electorales de cara a 2027. Algunos gobernadores buscan garantías de que La Libertad Avanza no competirá contra sus propias estructuras provinciales en los próximos comicios.
Por ese motivo, el acompañamiento legislativo no está garantizado y dependerá de cómo evolucionen las conversaciones entre la Casa Rosada y las provincias.
Qué propone la reforma electoral
El proyecto oficial contempla modificaciones al sistema electoral argentino y tiene como uno de sus principales objetivos terminar con las PASO.
No obstante, ante las dificultades para conseguir los votos necesarios para una eliminación definitiva, el Gobierno estaría dispuesto a avanzar con una suspensión de las primarias.
La iniciativa también incluye cambios en el financiamiento de los partidos políticos y modificaciones vinculadas con los mecanismos de presentación de candidaturas, además de la discusión sobre Ficha Limpia.
La diferencia entre eliminar y suspender las primarias es relevante: mientras la primera alternativa implica suprimir el mecanismo del sistema electoral, la segunda supone dejarlo sin aplicación para un determinado proceso electoral.
La interna entre Bullrich y Karina Milei también complica el escenario
El avance de la reforma electoral se produce en medio de las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza.
En los últimos días trascendieron versiones sobre un posible desplazamiento de Patricia Bullrich de la presidencia del bloque oficialista en el Senado, en medio de sus diferencias con Karina Milei y el entorno de los hermanos Menem.
Desde distintos sectores del oficialismo reconocen que existen tensiones por el manejo de la bancada y las estrategias parlamentarias. También circulan cuestionamientos sobre el papel de Bullrich en las negociaciones para conseguir los votos que permitan avanzar con la reforma.
Por ahora, no hay una decisión oficial sobre un eventual cambio en la conducción del bloque, aunque el conflicto interno agrega incertidumbre a una agenda legislativa que necesita acuerdos para avanzar.
Con el cierre del período de sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre, el Gobierno enfrenta una carrera contra el calendario. Su objetivo es conseguir los respaldos necesarios para modificar las reglas electorales antes de que termine el año, pero la última palabra estará en manos de los senadores.
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