Un fallo federal frenó por seis meses la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. La medida alcanza a despidos, traslados de personal, cierre de agencias y venta de inmuebles.
La estrategia de ajuste impulsada por el Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés en los tribunales. La Justicia Federal ordenó suspender por seis meses el plan de reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una iniciativa que contemplaba despidos, cierre de dependencias, eliminación de áreas técnicas y la transferencia de inmuebles estatales.
La decisión fue adoptada por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, tras una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La resolución judicial dejó sin efecto de manera inmediata la aplicación de la Resolución 20/2026, promovida por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, que formaba parte del proceso de reducción del gasto público impulsado por la administración libertaria.
Qué contemplaba el plan de ajuste
La iniciativa oficial establecía el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), la clausura de nueve agencias territoriales y el traspaso de diversos inmuebles del organismo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Además, el esquema preveía reubicaciones de personal, pases a disponibilidad, reducción de estructuras técnicas y posibles desvinculaciones de trabajadores especializados.
Desde el Gobierno argumentaban que la medida buscaba modernizar el organismo, optimizar recursos y reducir costos operativos. Sin embargo, los sindicatos y distintos sectores productivos denunciaron que el proyecto implicaba un fuerte debilitamiento de la capacidad científica y tecnológica del Estado.
Los fundamentos del fallo
En su resolución, el magistrado consideró que la normativa impulsada por las autoridades del INTA presenta serias inconsistencias jurídicas.
Según el fallo, la medida resulta «manifiestamente arbitraria e ilegítima» debido a la falta de fundamentos suficientes, la utilización de normativa presuntamente sin vigencia y posibles contradicciones con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Asimismo, el juez advirtió que la reestructuración podría afectar derechos vinculados al acceso a la ciencia y la tecnología, la producción agropecuaria, la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los empleados públicos.
Por ese motivo ordenó que las autoridades del organismo se abstengan de avanzar con:
- El cierre de dependencias.
- La eliminación de áreas técnicas.
- Los traslados de trabajadores.
- Los pases a disponibilidad.
- Los despidos o desvinculaciones.
- La venta, cesión o transferencia de inmuebles.
- El traslado de equipamiento y recursos operativos.
Un conflicto que trasciende al INTA
La decisión judicial se suma a una serie de controversias que el Gobierno viene enfrentando en distintos organismos públicos afectados por los recortes presupuestarios.
Desde ATE celebraron el fallo y sostuvieron que la medida representa «una defensa de la ciencia, la producción y el trabajo argentino». En tanto, sectores vinculados al agro y a la investigación tecnológica advirtieron durante los últimos meses que una reducción drástica de la estructura del INTA podría impactar negativamente en el desarrollo productivo de numerosas economías regionales.
Mientras tanto, el Gobierno nacional analiza los pasos a seguir y no descarta apelar la resolución para intentar reactivar el proceso de reestructuración una vez finalizado el período de suspensión impuesto por la Justicia.
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