El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires analiza presentar una denuncia ante la Corte Suprema por el incumplimiento del Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, en el pago de la coparticipación federal. Según fuentes porteñas, la deuda acumulada por el Estado nacional asciende a 430 mil millones de pesos, correspondientes al período comprendido entre agosto de 2025 y enero de 2026.
El conflicto se origina en la cautelar dictada por la Corte Suprema, que ordenó a la Nación transferir de manera automática y diaria a la Ciudad el 1,55% de la masa coparticipable, como compensación por los fondos recortados durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, en un contexto de ajuste fiscal, el Ministerio de Economía modificó el mecanismo de pago y pasó a realizar transferencias semanales y discrecionales.
Si bien en un primer momento los envíos se cumplieron, con el correr de los meses comenzaron los retrasos. Desde el Ejecutivo porteño sostienen que el volumen de deuda acumulado ya no puede considerarse un simple atraso administrativo, sino un incumplimiento directo de una resolución judicial.
Semanas atrás, el jefe de Gobierno Jorge Macri mantuvo una reunión con Caputo para intentar destrabar la situación, aunque no hubo avances. En paralelo, sigue pendiente la definición de fondo sobre el porcentaje total de coparticipación que la Ciudad reclama recuperar, una cuestión que aún debe resolver el máximo tribunal.
Además, continúa sin resolución la deuda retroactiva que la Ciudad estima en unos USD 6.000 millones, para la cual el gobierno porteño incluso ofreció alternativas como la cesión de terrenos en Liniers y Caballito. Desde el ámbito judicial advierten que la Corte es reticente a intervenir cuando los conflictos tienen un fuerte contenido político y, hasta ahora, ha evitado confrontar con el gobierno de Javier Milei.
El escenario se complejiza aún más por la existencia de reclamos similares de al menos 19 provincias, lo que refuerza la idea, dentro del Poder Judicial, de que se trata de un debate que debería resolverse en el plano político antes que en los tribunales.
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