La causa conocida como “Coimagate” sumó un nuevo capítulo tras el avance de la investigación judicial que detectó presuntas maniobras de corrupción por más de $75 mil millones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fiscal Franco Picardi solicitó 29 indagatorias, entre ellas ampliaciones para funcionarios y empresarios ya procesados.
Según el dictamen, las irregularidades involucrarían a una red integrada por funcionarios públicos y proveedores privados de insumos médicos de alto costo, quienes habrían direccionado compras estatales en distintos rubros como audífonos, implantes, traumatología y equipamiento para personas con discapacidad.
El expediente señala que estas maniobras no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático que habría funcionado durante meses mediante la manipulación de licitaciones, acuerdos de precios y reparto de beneficios económicos entre los involucrados.
Entre los principales apuntados figuran el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y el empresario Miguel Ángel Calvete, ambos ya procesados como presuntos jefes de una asociación ilícita. La investigación también involucra a otros actores del sector público y privado, con nuevas imputaciones en curso.
Uno de los puntos más sensibles del caso son las referencias a supuestos pagos de retornos, con menciones a un porcentaje fijo en concepto de coimas, lo que forma parte del material probatorio que analiza la Justicia.
La causa, que ya cuenta con varios procesamientos, sigue en etapa de instrucción y podría ampliarse en las próximas semanas a medida que se profundicen las líneas investigativas.
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