Una extensa investigación judicial permitió desarticular una organización criminal que realizaba extorsiones millonarias desde distintas unidades penitenciarias bonaerenses. Tras una serie de allanamientos simultáneos en cárceles y viviendas del Conurbano, las autoridades detuvieron a 31 sospechosos y descubrieron una compleja red que contaba con presuntas complicidades dentro de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La causa está a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede, titular de la UFI N° 5 de La Matanza, quien encabezó una pesquisa que permitió reconstruir el funcionamiento de una banda dedicada a extorsionar a hombres mediante amenazas y maniobras de engaño digital.
Cómo operaba la organización
Según la investigación, los delincuentes creaban perfiles falsos en sitios web de acompañantes y contacto para adultos. Una vez que las víctimas ingresaban a estas plataformas, los integrantes de la banda obtenían información personal a través de bases de datos robadas y filtradas ilegalmente.
Con esos datos, los extorsionadores se comunicaban por teléfono o aplicaciones de mensajería haciéndose pasar por administradores o responsables de los sitios. Mediante amenazas, intimidaciones y presiones psicológicas exigían importantes sumas de dinero a cambio de no divulgar supuesta información privada o evitar represalias contra las víctimas y sus familias.
Los investigadores determinaron que la modalidad utilizada corresponde a una variante de “vishing”, una técnica de fraude basada en la manipulación telefónica y el uso de datos personales para generar miedo y obtener beneficios económicos.
El rol de las cárceles
Las pesquisas permitieron establecer que buena parte de la estructura operativa funcionaba desde las unidades penitenciarias N° 40 y N° 58 de Lomas de Zamora y la Unidad N° 24 de Florencio Varela.
Desde allí, los internos coordinaban llamadas, administraban cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero y mantenían contacto con colaboradores externos encargados de retirar fondos, realizar transferencias y sostener la logística de la organización.
La investigación reveló además que los delincuentes contaban con teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y conexiones a internet que habrían ingresado de manera irregular a los establecimientos penitenciarios.
Millones de pesos en movimiento
Los peritajes financieros detectaron movimientos de dinero por montos millonarios a través de cuentas bancarias utilizadas para dispersar los fondos obtenidos mediante las extorsiones.
De acuerdo con los investigadores, algunas víctimas llegaron a entregar grandes sumas de dinero en efectivo y realizar transferencias bancarias bajo amenazas constantes.
La Justicia sospecha que parte de esos recursos era distribuida entre familiares de los detenidos y personas vinculadas a la logística de la organización.
Detenciones y secuestro de armas
Durante los 37 allanamientos realizados por efectivos de la Policía Bonaerense se logró detener a 31 personas, entre ellas presuntos integrantes de la estructura criminal y colaboradores externos.
Además, fueron arrestados una oficial de la Policía Bonaerense y dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados de haber facilitado el funcionamiento de la organización.
En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, chalecos antibalas, teléfonos celulares, tarjetas SIM, computadoras y diversos elementos tecnológicos que serán analizados como parte de la investigación.
Las autoridades consideran que el operativo representa uno de los golpes más importantes contra las bandas de extorsión que operan desde establecimientos penitenciarios en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años.
La causa continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones a medida que avancen las pericias sobre los dispositivos secuestrados y las conexiones financieras detectadas por los investigadores.
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