En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad, especialistas advierten que la discusión pública se está reduciendo a una medida aislada que, por sí sola, no resolverá el problema estructural de la inseguridad en la Argentina. Señalan que el desafío es mucho más profundo y que implica reconocer que una generación ya fue absorbida por el entramado del delito, íntimamente ligado al avance del narcotráfico en los barrios.
El diagnóstico es claro: el fenómeno de la inseguridad está hoy condicionado por un tejido social deteriorado y un tejido delictivo empoderado. En ese contexto, las organizaciones criminales utilizan a menores como parte de su estructura operativa, aprovechándose de una ecuación sencilla pero brutal: cuanto menor es la edad, menor es la percepción de riesgo.
La prevención, una deuda estructural
La prevención del delito —entendida como anticipación y política integral— requiere que el Estado articule educación, salud, trabajo y contención comunitaria. Sin embargo, en gran parte del país esas variables se encuentran debilitadas. El resultado es un caldo de cultivo donde muchos chicos se convierten primero en víctimas y luego en victimarios.
La droga, en especial bajo el sistema del narcomenudeo, se volvió el primer eslabón en la cadena delictiva, acelerando los tiempos de captación y reduciendo los niveles de autocontrol que sostienen la convivencia social.
Un régimen juvenil desactualizado
El régimen penal juvenil vigente no está a la altura de la situación actual. Los centros de menores, lejos de funcionar como espacios de contención y reinserción, se transforman en verdaderas escuelas del delito, sin dispositivos educativos o emocionales robustos.
La Justicia tampoco actúa de manera homogénea: mientras algunos jueces priorizan evitar la impunidad, otros ordenan liberaciones rápidas que alimentan un círculo delictivo que se retroalimenta.
La consecuencia es directa: la certeza de impunidad acelera la incorporación de más chicos al delito y empuja a edades cada vez más tempranas la participación en hechos criminales.
La baja de la edad: una decisión que exige contexto
Bajar la edad de imputabilidad, advierten los especialistas, no puede ser una respuesta improvisada ni de efecto inmediato para satisfacer la urgencia social. Es, en todo caso, una decisión política que debe asumirse con pleno conocimiento del estado real del territorio y como parte de una estrategia mucho más amplia.
Aceptar esta discusión implica también reconocer el fracaso histórico de las políticas de seguridad de sucesivos gobiernos nacionales.
Lejos de contradecir los derechos humanos, una reforma integral del régimen juvenil debería apuntar a prevenir nuevas formas de explotación criminal, brindar contención adecuada y evitar que más chicos queden atrapados en una trayectoria delictiva sin retorno.
Niños como piezas del engranaje criminal
Otro fenómeno alarmante es la presencia de niños de tan solo 6 u 8 años que actúan como “mirillas” o que ya consumen sustancias psicoactivas administradas por adultos. En muchos casos, las propias familias están atravesadas por dinámicas criminales que naturalizan el delito como forma de vida.
Pensar que esos mismos adultos no impulsarán a los chicos a cometer delitos más graves es negar la evolución delictiva actual, donde los códigos internos ya no existen.
Medidas aisladas: soluciones incompletas
Los especialistas coinciden: bajar la edad de imputabilidad solo tiene sentido dentro de un programa integral, con espacios adecuados, políticas públicas sostenidas y un enfoque centrado en el desarrollo humano.
Una sociedad no puede resignarse a perder generaciones enteras en la droga, el delito o las cárceles. Pero tampoco puede creer que una sola medida —por más discutida y necesaria que sea— resolverá un problema que es mucho más profundo.