La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la convocatoria a un paro nacional general para el próximo 11 de febrero, fecha en la que el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La medida fue definida en un encuentro del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que reúne a organizaciones de todo el país.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la huelga es “necesaria y obligatoria para el movimiento obrero”, aunque remarcó que no debe tratarse de una acción aislada. En ese sentido, llamó a construir un plan de lucha previo, con movilizaciones y protestas antes del tratamiento parlamentario de la iniciativa.
Desde el gremio apuntaron especialmente contra los gobernadores que respaldan la reforma, al considerar que su apoyo resulta clave para el avance del proyecto. Aguiar aseguró que el Ejecutivo “no podría avanzar sin el aval de las provincias” y advirtió que los mandatarios que acompañen la iniciativa serán responsables de avalar una legislación que, según denunció, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
ATE cuestiona que la reforma busque debilitar la protección de los trabajadores y fortalecer el poder de los empleadores. Además, rechaza el impacto que tendría en el sector público, al señalar que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto propone modificar.
El sindicato también alertó sobre cambios vinculados al monotributo, al sostener que la iniciativa favorecería la precarización laboral y la continuidad de esquemas de contratación irregulares en el Estado nacional, las provincias y los municipios.
Del encuentro participaron gremios de los sectores judicial, salud, energía, vialidad, telecomunicaciones, banca jerárquica, educación universitaria, organismos públicos y jubilados, entre otros. Todos coincidieron en la necesidad de movilizarse a nivel nacional para frenar la reforma y exigir el respeto de los derechos laborales consagrados en la Constitución.
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