La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su postura frente a los reclamos judiciales de jubilados y pensionados por el cobro del impuesto a las Ganancias y dejará de apelar las sentencias favorables dictadas por la Justicia. La decisión marca un cambio importante en la estrategia que el Estado venía sosteniendo desde hace años ante la Corte Suprema.
La medida fue oficializada mediante una instrucción interna de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, donde se estableció que los representantes legales del organismo ya no deberán presentar nuevos recursos extraordinarios en causas vinculadas al descuento del tributo sobre haberes previsionales. Además, también deberán desistir de apelaciones ya iniciadas que aún permanezcan en trámite.
Desde ARCA explicaron que la decisión responde a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, que en numerosas oportunidades falló a favor de jubilados que denunciaron la inconstitucionalidad del impuesto aplicado sobre sus ingresos previsionales.
El antecedente del fallo “García”
El principal antecedente judicial sobre el tema fue el fallo “García”, emitido por la Corte Suprema en 2019. En aquella resolución, el máximo tribunal consideró que el cobro del impuesto a las Ganancias podía resultar inconstitucional en adultos mayores en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando existían problemas de salud o una afectación significativa sobre sus ingresos.
A partir de ese fallo, distintos jubilados y pensionados obtuvieron resoluciones favorables en todo el país, mientras el organismo recaudador continuó apelando sistemáticamente las decisiones judiciales.
Sin embargo, desde ARCA reconocieron que continuar litigando implicaba mayores costos para el Estado y pocas posibilidades de revertir los fallos ante la Corte Suprema.
Qué cambia a partir de ahora
Con la nueva directiva, el organismo dejará de insistir judicialmente en la mayoría de los expedientes relacionados con Ganancias sobre jubilaciones. Incluso, en determinados casos, los abogados del Estado aceptarán sentencias adversas ya dictadas por cámaras federales.
No obstante, ARCA aclaró que podrá seguir discutiendo aspectos vinculados a honorarios profesionales y costas judiciales. Además, la medida no alcanzará situaciones particulares donde existan dudas sobre la legitimación del reclamo o cuestiones específicas del expediente.
La decisión fue interpretada como un alivio para miles de jubilados que mantienen litigios abiertos contra el Estado por descuentos realizados sobre sus haberes previsionales.
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