El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud Pública de la Cámara de Diputados avanzó este martes con los pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de las denuncias por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Avanza la citación a Karina Milei
El dictamen unificado de varios bloques opositores sostiene que, a partir de los audios vinculados al exfuncionario Diego Spagnuolo, surgieron elementos que vincularían a funcionarios de alto rango. Por ese motivo, se reclamó la presencia de Karina Milei en el Congreso para responder preguntas.
La iniciativa fue respaldada por legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y parte de la UCR, bajo el argumento de que resulta necesario garantizar la independencia del Parlamento ante hechos que involucran recursos destinados a la discapacidad.
Repercusiones en el recinto
Referentes opositores como Margarita Stolbizer, Natalia Sarapura y Marcela Pagano coincidieron en la necesidad de que la hermana del Presidente se presente a brindar explicaciones. “Es otro escándalo con fondos públicos que deben ser esclarecidos”, remarcaron durante el plenario.
Con este paso, el pedido de interpelación llegará al recinto en los primeros días de octubre, cuando se defina si efectivamente Karina Milei deberá presentarse.
El debate por la ley de DNU
En paralelo, se desarrolló un intenso debate en torno a la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El proyecto ya cuenta con sanción del Senado y plantea que cada decreto deberá ser tratado en un plazo máximo de 90 días; de lo contrario, perderá vigencia.
Actualmente, para rechazar un DNU se requiere el voto negativo de ambas cámaras. Con la nueva normativa, en cambio, bastará con que una sola lo rechace para que quede sin efecto.
Legisladores del PRO, como Laura Rodríguez Machado y Silvia Lospennato, advirtieron que el cambio apunta a limitar al Gobierno de Javier Milei, que gobierna en minoría y recurrió a los decretos como herramienta para implementar sus medidas.
Por su parte, el radical Rodrigo de Loredo y dirigentes del bloque Democracia para Siempre respaldaron la modificación al considerar que “la norma debe ser aplicable a todos los gobiernos por igual”.