La derogación de la Ley de Tierras Rurales volvió a encender el debate sobre la propiedad extranjera de campos en la Argentina. Organizaciones ambientales advierten sobre los riesgos para las nacientes de ríos, los glaciares y las zonas cercanas a las fronteras, mientras la Corte Suprema analiza nuevos planteos contra la medida impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
La preocupación fue expresada por Ana Wieman, secretaria de la asociación civil Árbol de Pie, que presentó un amparo para cuestionar el artículo 154 del DNU 70/2023. La entidad sostiene que la eliminación de las restricciones puede afectar la protección ambiental y dejar expuestos territorios considerados estratégicos.
Qué cambió con la derogación de la ley
La Ley 26.737 establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre otras disposiciones, fijaba un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones por nacionalidad y por superficie.
También contemplaba limitaciones para determinadas propiedades ubicadas en zonas de seguridad de frontera y terrenos vinculados con cuerpos de agua relevantes.
Con el artículo 154 del DNU 70/2023, el Gobierno dispuso la derogación de ese régimen. Tras un fallo de la Corte Suprema que revocó una sentencia anterior por una cuestión de legitimación judicial, la derogación volvió a quedar vigente. Sin embargo, el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la medida.
La advertencia por los ríos, los glaciares y las fronteras
Wieman sostuvo que la principal preocupación de la organización está vinculada con la posibilidad de que grandes extensiones de tierra con recursos naturales estratégicos queden en manos de inversores extranjeros sin los límites que establecía la normativa anterior.
Como antecedente, mencionó el caso del Cerro Carreras, en Río Negro, una propiedad de gran extensión asociada a nacientes de cursos de agua. La dirigente señaló que la operación se concretó antes de la derogación de la ley y la utiliza como ejemplo de los conflictos que, según su postura, pueden surgir alrededor de la adquisición de territorios cordilleranos.
En mayo de 2026, además, se presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto para cuestionar una operación inmobiliaria vinculada con unas 14.689 hectáreas de esa zona y fondos de Emiratos Árabes Unidos.
Desde Árbol de Pie advierten que el debate no se limita a la compra de campos productivos, sino que también involucra el acceso a fuentes de agua dulce, los ecosistemas y las áreas cercanas a los límites internacionales.
El amparo que llegó a la Corte Suprema
La asociación presentó su reclamo a fines de diciembre de 2023. El expediente también involucra a comunidades indígenas y a la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, y se fundamenta en la protección del ambiente y los derechos territoriales de los pueblos originarios.
La Corte Suprema convocó a dos conjueces para intervenir en el caso, luego de que sus integrantes no alcanzaran una posición común sobre cómo avanzar. El planteo busca que se revise la derogación de la ley y se determine si corresponde restablecer las restricciones.
El escenario judicial sigue abierto. La decisión que se adopte podría tener consecuencias sobre la regulación de la propiedad rural extranjera y sobre el alcance de las medidas de protección ambiental.
Convocan a una manifestación
En medio de la discusión, desde Árbol de Pie llamaron a participar de una movilización prevista para el jueves 15 de octubre, con el objetivo de visibilizar el reclamo y pedir que se restablezcan las protecciones que contemplaba la ley.
La controversia también llegó al Congreso, donde sectores de la oposición buscan alternativas legislativas para revertir la derogación. El debate enfrenta distintas posiciones sobre la inversión extranjera, la propiedad privada, la soberanía territorial y la preservación de los recursos naturales.
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