Este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reemplaza al sistema que estaba vigente desde 1980. Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
A partir de ahora, los adolescentes de 14 a 17 años que sean acusados de cometer delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales podrán quedar sometidos a un proceso judicial específico. La edad que se toma en cuenta es la que tenía la persona al momento del hecho.
No todos los casos implicarán prisión
La entrada en vigencia de la norma no significa que cualquier adolescente de 14 o 15 años que cometa un delito vaya automáticamente a prisión.
El nuevo régimen contempla un sistema de sanciones que busca priorizar la responsabilización, la educación y la reinserción social. Entre las medidas previstas aparecen amonestaciones, reglas de conducta, tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento, monitoreo electrónico y reparación del daño, entre otras alternativas.
Para determinados delitos también puede disponerse la privación de la libertad, pero bajo un régimen especial para adolescentes. La normativa establece que no podrá aplicarse prisión o reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad.
Un cambio respecto del sistema de 1980
La Ley 27.801 deja atrás el Régimen Penal de la Minoridad establecido por la Ley 22.278, que había sido implementado durante la década de 1980.
La reforma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de marzo. Su publicación en el Boletín Oficial se produjo el 9 de marzo y la propia legislación estableció un plazo de 180 días para comenzar a aplicarse.
La Justicia se prepara para una nueva etapa
La implementación del régimen también plantea desafíos para el sistema judicial. En distintas jurisdicciones se realizaron reuniones entre jueces, fiscales, defensores y organismos vinculados a niñez y adolescencia para definir criterios de actuación y garantizar el debido proceso.
Uno de los interrogantes está relacionado con la capacidad de los sistemas provinciales para afrontar el eventual aumento de causas y garantizar establecimientos especializados, equipos profesionales y programas de acompañamiento.
Con la entrada en vigencia de la nueva ley, los adolescentes de 14 y 15 años dejan de estar fuera del sistema penal por su edad y pasan a contar con un régimen específico de responsabilidad penal juvenil, con sanciones diferenciadas y límites concretos.
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