La administración del gobernador riojano Ricardo Quintela quedó nuevamente en el centro de un conflicto con el sector docente. La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) denunció importantes descuentos en los salarios de trabajadores que participaron de las últimas medidas de fuerza y aseguró que, en algunos casos, las quitas alcanzaron cifras de entre $300.000 y $400.000.
Según informó el gremio, los recibos de sueldo correspondientes a agosto comenzaron a estar disponibles durante la madrugada del 2 de septiembre. A partir de ese momento, AMP recibió numerosas denuncias de docentes que detectaron la pérdida del denominado Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE).
El secretario general del sindicato, Rogelio De Leonardi, indicó que la organización presentó inicialmente entre 20 y 30 casos concretos ante el Ministerio de Educación, aunque aseguró que la cantidad de trabajadores afectados superaría la treintena. Además, el gremio intimó formalmente a las autoridades y anticipó nuevas acciones para reclamar la restitución de los montos descontados.
Un adicional que puede representar una parte importante del sueldo
De acuerdo con la información difundida por AMP, el IPE representa aproximadamente $160.000 por cada cargo docente. Por ese motivo, quienes desempeñan dos cargos pueden sufrir una pérdida cercana a los $300.000 o incluso $400.000 cuando dejan de percibir el beneficio.
El gremio sostiene que el salario básico docente se ubica en torno a los $348.581, por lo que la eliminación del adicional puede provocar una reducción significativa de los ingresos mensuales.
Desde el sindicato calificaron la medida como un mecanismo de presión contra quienes participan de protestas y paros. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial o administrativa que haya declarado inválidas las liquidaciones denunciadas por los docentes.
La discusión por el presentismo
El centro de la controversia es el sistema de incentivos vinculado a la asistencia. El Gobierno riojano había confirmado la continuidad del IPE durante 2026 como una herramienta para reforzar los salarios docentes en un contexto de cambios en el financiamiento educativo nacional.
AMP, en cambio, cuestiona las condiciones para acceder al adicional y lo define como un sistema de “presentismo encubierto”. El reclamo principal del gremio es que esos montos sean incorporados al salario básico y no dependan del cumplimiento de determinados requisitos de asistencia.
Un debate que podría extenderse a otras provincias
La discusión sobre la asistencia docente, los incentivos salariales y los mecanismos de control del presentismo no es exclusiva de La Rioja. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el Gobierno anunció cambios en la carrera docente y en el régimen de licencias, con una mayor valoración de la asistencia y la presencia sostenida de los docentes en las aulas. Las modificaciones comenzarán a implementarse progresivamente a partir de 2027.
En este contexto, otras provincias analizan y siguen con atención diferentes sistemas de incentivos y control de asistencia, aunque cada jurisdicción cuenta con sus propias normas y negociaciones salariales. La experiencia riojana podría sumar elementos a un debate que ya se encuentra abierto en distintos puntos del país sobre la manera de premiar la asistencia sin afectar derechos laborales ni profundizar los conflictos con los gremios docentes.
Mientras tanto, en La Rioja, AMP avanza con sus reclamos administrativos y evalúa la vía judicial. El conflicto promete mantener la tensión entre el Gobierno provincial y el sector docente durante las próximas semanas.
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